Una cosa trae otra. La disolución de las Cortes por las Elecciones Generales celebradas el pasado domingo y, por lo tanto, la indisposición del Parlamento para trasponer una normativa comunitaria, tiene todos los visos de generar a las ‘telecos’ un coste de 4,5 millones de euros. Ese importe corresponde al presupuesto de la renovación del servicio de las cabinas telefónicas. Ese nuevo indulto supone una sorpresa de propios y extraños, especialmente para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del conjunto del sector, con todos los operadores alineados en contra del mantenimiento operativo de un vestigio de casi otro siglo.
Hace apenas tres semanas, desde estas páginas se dieron por muertas a las cabinas tras el último informe del supervisor de los mercados que así lo recomendaba. Pero pese a todo lo dicho y aconsejado, dicho servicio público disfruta ahora de una vida extra y no podrá darse por extinguido a final de año sin una norma con rango de ley que lo determine y garantice. Y nada de eso parece que vaya a ocurrir. Tras los comicios de ayer, tocará configurar un nuevo Congreso y Senado. Ese trámite se demorará cerca de un mes, tal y como ocurrió tras las Elecciones del pasado 28 de abril (23 días en aquel caso).
Los plazos están muy ajustados ya que la reforma de la regulación del servicio universal que excluya a las cabinas no solo exige la luz verde del Congreso, sino también necesita el refrendo del Senado antes del visto bueno definitivo de la Cámara Baja. Que semejante trajín regulatorio se liquide la segunda quincena de diciembre se antoja muy complicada.
Por lo tanto, sin una norma con rango de ley por medio que los impida, el servicio de las cabinas se dará por renovado por defecto durante otro año. El coste del servicio de las 16.000 cabinas supervivientes en el país, incluido en la factura del Servicio Universal, deberá ser financiado en partes proporcionales por los operadores por poder significativo de mercado (Telefónica, Orange y Vodafone). Aunque cada vez existen menos cabinas operativas en las vías públicas, dada la obsolescencia del servicio por la popularidad y universalidad de la telefonía móvil, el coste no ha parado de crecer en los últimos años. Así, esta factura ha pasado de los 399.000 euros de 2012 a triplicarse en 2013 y seguir creciendo en años sucesivos hasta los 4,5 millones de 2016, último ejercicio del que se disponen datos oficiales.
Pese a que el informe consultivo de la CNMC lleva aconsejando jubilar a las cabinas desde hace años, el Gobierno desoyó a los expertos hace doce meses, entonces con la excusa de promover un amplio debate en el marco de la transposición del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, siempre de manera coordinada con la mayoría de los países de la Unión Europea. Esas cautelas no afectaron a otras dos prestaciones del Servicio Universal de Telecomunicaciones que ya han dejado de financiarse: las guías telefónicas y el servicio de consulta sobre número de abonados.
Por todo lo anterior, y pese a que los plazos de tramitación parlamentaria aparentemente impiden la suspensión del servicio, los operadores de telecomunicaciones afectados mantienen cierto suspense sobre el asunto, sin darse totalmente por vencidos.
Ecommerce News (12/11/19)
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