Tras la aprobación por parte del consejo de ministros del anteproyecto de ley del impuesto sobre determinados servicios digitales con el que se busca gravar a grandes empresas cuya facturación sea mayor de 750 millones a nivel mundial y con 3 millones en España.
AMETIC considera que esta acción que se ha puesto en marcha sin el consenso internacional, ni europeo, coloca a España en el punto de mira internacional, por ser el primer país en tomar una iniciativa de este tipo y generar un posible escenario que genere una perdida de competitividad respecto al resto de países. Y es aquí donde radica el peligro, ya que AMETIC considera que con esta acción se ha roto el acuerdo internacional de gravar impuestos sobre los beneficios y no sobre los ingresos además de provocar la posibilidad de generar una situación de doble tributación y por ello dando lugar a una situación que posiciona en desventaja competitiva a las empresas españolas frente al resto de Europa y del mundo, ya que se trata en la práctica de un impuesto a la exportación. Otras consecuencias negativas serán los menores niveles de digitalización o el aumento del coste del capital. De este forma, se desincentivará la atracción de inversiones y supondrá un freno a la innovación. Todo ello implicará la disminución del crecimiento económico y de la posición digital de España, frente al resto de países europeos.
AMETIC se reafirma en la necesidad de contar con el consenso internacional para adecuar el mercado a la era digital en materia impositiva, especialmente teniendo en cuenta el carácter global del ámbito digital. En este sentido, las soluciones a los retos económicos actuales en el ámbito digital se deben realizar en un debate a nivel internacional sobre cómo desarrollar un sistema impositivo global moderno, justo y eficiente. El consenso entre países garantiza la seguridad jurídica, al ser los propios Estados los que han consensuado un sistema impositivo que grave los beneficios corporativos a nivel internacional de manera sostenible a largo plazo.
De no existir la posibilidad de alcanzar un acuerdo internacional a nivel OCDE, es fundamental contar, al menos, con el consenso en el seno de la Unión Europea, ya que las acciones unilaterales de los Estados miembros son perjudiciales para la integridad del Mercado Único Europeo. La aprobación por parte del Gobierno español de la creación de este impuesto resulta al menos sorprendente, ya que implica romper el consenso de la UE, dejando a España en una situación de excepción. Esto es incluso más inaudito cuando se supone que España se encuentra en un proceso de modernización de su economía y de su Administración Pública, en función de las oportunidades que brinda la transformación digital para el país.
La Flecha (22/10/18)
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