Sánchez obvia el pensamiento de Trump, habrá tasa para Google

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Habrá ‘tasa Google’ en España sí o sí. Y, además, de forma inminente, incluso antes de que acabe este año. Este es el planteamiento del Gobierno de Pedro Sánchez. El impuesto será una realidad haya acuerdo en el seno de la OCDE o se vuelvan a postergar las negociaciones. La hoja de ruta de España, sin embargo, ha encendido las alarmas en la administración estadounidense, que no quiere que nuestro país siga el camino emprendido por Francia, Reino Unido o Italia de aprobar esta nueva figura fiscal en solitario.

El impuesto a determinados servicios digitales es una medida “prioritaria” para el Ejecutivo de coalición. Fuentes gubernamentales explican que el impuesto está incluido en el pacto sellado entre PSOE y Unidas Podemos y que, por tanto, será una realidad a corto o medio plazo. Con esta respuesta intentan quitarse las presiones que están llegando al área económica del equipo de Pedro Sánchez desde diferentes frentes.

El Ministerio de Hacienda tiene prácticamente diseñada la infraestructura de la ‘tasa Google’ y calculado su impacto: aumentaría la recaudación en 1.200 millones. De hecho, el 23 de octubre de 2018 sometió a consulta pública el anteproyecto de ley para aprobar dicho impuesto. En él se contemplaba un tipo impositivo del 3% sobre los servicios digitales que tuvieran una facturación mundial superior a 750 millones y cuyos ingresos en España fueran mayores a los tres millones de euros. El decreto definía tres hechos imponibles: la publicidad dirigida a usuarios de una plataforma digital (página web, software, red social); las plataformas que ponen en contacto a empresas y clientes (es el caso de Amazon) y la venta o cesión de datos. Pero la medida fiscal cayó en saco roto por la convocatoria anticipada de elecciones.

Ahora el Gobierno de coalición se inclina por la opción que ya han puesto en práctica países como Francia -la pionera-, Italia y Austria (desde este 1 de enero) y Reino Unido (a partir de abril).

Aprobar la ‘tasa Google’ a la francesa, es decir, sin acuerdo en la OCDE, plantearía al Gobierno español problemas con Estados Unidos. La administración Trump quiere proteger a sus empresas nacionales y una nueva fiscalidad contra las tecnológicas podría provocar represalias. Es lo que ha ocurrido en Francia, donde ya ha llegado la amenaza de un incremento de los aranceles a determinados productos galos considerados “de lujo”. Es el caso del vino, los quesos, los bolsos o los productos de cosmética. La advertencia sobre París está pendiente de que la diplomacia entre ambas administraciones pueda alcanzar un acuerdo. Si no hay consenso habrá consecuencias comerciales.

LA INFORMACIÓN (21/01/2020)

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