El Gobierno no prevé reducir el volumen de las ayudas que cobran las renovables durante los próximos cinco años, lo que despeja uno de los grandes temores del sector, vistos los precedentes y la discrecionalidad de la normativa en vigor, que le autoriza a revisar toda la retribución en el año 2019. Al contrario, los ingresos regulados de las fuentes verdes crecerán un 3,6% por la incorporación de nuevas instalaciones.
El Ministerio de Energía ha preparado una Orden por la que se aprueba la revisión de la evolución de las diferentes partidas de ingresos y costes del sistema eléctrico para el período 2017-2022, que no se ha hecho pública, pero que ha recibido el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y éste sí se ha divulgado.
El documento, en relación a las renovables, la cogeneración y los residuos -el ahora llamado Recore, antiguo régimen especial-, recoge que su retribución específica pasará de los 6.987 millones de euros previstos este año a los 7.242 millones de 2022, por la incorporación de las nuevas instalaciones en el sistema como resultado de las subastas que se celebrarán en breve. Este incremento despeja uno de los grandes miedos del sector, a saber, que el Ministerio revise los parámetros retributivos de las fuentes limpias -los indicadores sobre los que se fijan las ayudas, que debe revisar en 2019 con vistas al siguiente sexenio-, para modificar sus ingresos relevantemente.
El aumento de las ayudas, de hecho, será mayor, porque la CNMC indica que en esos números, erróneamente, no se incluyen las renovables ubicadas en los sistemas no peninsulares, cuyos costes se cubren con su propia retribución regulada. Ésta, por otro lado, subirá un 5% -a pesar de que las nuevas renovables contribuirán a reducirla-, llegando hasta los 780 millones en 2022, a los que hay que sumar otro tanto que se carga a los presupuestos del Estado.
En su previsión de ingresos y gastos, el Ministerio considera que la demanda eléctrica crecerá una media del 0, 8% anual -en línea con lo estimado por la CNMC y REE-, previendo una reducción de las pérdidas de las redes desde el 11,3% de 2017 al 10,2% en 2022 y el mantenimiento de los ingresos -y por lo tanto de los precios- aportados por los pagos por capacidad que liquida REE.
No obstante, el coste de los pagos por capacidad sí bajará en conjunto -pasará de 390 millones este ejercicio a 270 millones en 2022-, por la expiración del período con derecho a percibirlos de una treintena de unidades de generación convencional.
Otras dos partidas muy relevantes, el transporte y la distribución, experimentarán subidas del 8% y el 5,4%, hasta sumar 1.887 millones y 5.439 millones, respectivamente. En ambos casos el regulador indica que “cabría proceder a su revisión”, porque el volumen de inversión de estas actividades está limitado al 0,065 por ciento y el 0,13% del PIB, respectivamente y, aunque el Ministerio no detalla una previsión de la evolución del PIB, los incrementos retributivos previstos son mayores de los que resultan de aplicar lo establecido en el Plan de Estabilidad 2016-2019.
Otro punto reseñable es la reducción de las anualidades de la deuda -derivada de su amortización y de las refinanciaciones del Fondo de titulización, el Fade-, que pasa de 2.838 millones en 2017 a 2.494 millones en 2022, tras un fuerte descenso en 2021 por la satisfacción de los derechos de cobro correspondientes al déficit del ejercicio 2005. Aquí la CNMC obtiene números diferentes, ligeramente más bajos que los del Ministerio, y suben en alguno de los ejercicios en función de los tipos de interés de las refinanciaciones.
En relación a lo aportado por los impuestos energéticos -de la Ley 15/2012- y por las subastas de CO2, el Ministerio augura un incremento del 4,2% de lo recaudado por el fisco, hasta 2.837 millones en 2022, y siempre considera que obtendrá 450 millones anuales del carbono, el máximo legal. La CNMC vuelve a discrepar, porque parte de una evolución de la demanda con un crecimiento menor.
En suma, el regulador, tras analizar los números de la Orden secreta del Ministerio, discrepa con él en muchos de los puntos y le afea la falta de información o la inconsistencia de algunos datos, como sucede con los ingresos obtenidos por la potencia contratada, la energía reactiva, los peajes de acceso a la generación y a la exportación a Marruecos, los cargos sobre el autoconsumo, el fraude, el fondo de contingencia de 150 millones, etc.
Sin embargo, concluye que en el apartado de ingresos los cálculos de ambas instituciones sólo difieren en un 1% y recalca que, puesto que se obtiene superávit en todos los ejercicios -de unos 150 millones de euros al año en la próxima década-, debería regularse un mecanismo para el tratamiento de dicho superávit, que la Ley del sector obliga a revertir en el sistema hasta que desaparezca la deuda acumulada.
