El pasado martes sucedió algo poco habitual en Europa, los 28 países miembro de la Unión se pusieron de acuerdo y pactaron la primera norma de rango europeo que pretende reforzar la vigilancia de las redes informáticas que sostienen servicios esenciales como sanidad, energía, distribución de agua, transporte o banca.
Las autoridades nacionales deberán identificar a las compañías de esos sectores (las pymes están exentas) que puedan calificarse como “operadores de servicios esenciales”. Las empresas que reciban esa etiqueta deberán elaborar planes estrictos y rigurosos de seguridad de sus redes virtuales y notificar a las autoridades nacionales cualquier incidente grave en su funcionamiento.
Para la aplicación de esta nueva normativa serán necesarias inversiones millonarias, pero desde Bruselas se afirma que el grueso de las mismas recaerá sobre las administraciones públicas. En el sector privado, solo el sector energético tiene los deberes hechos en temas de seguridad y no requerirá inversiones adicionales ni siquiera cuando entre en vigor la directiva.
Del resto de sectores, la banca podría ser la más afectada con una inversión media de hasta 44.000 euros por entidad y una inversión total de 340 millones de euros. En el sector de transportes, la factura superaría los 200 millones de euros y en sanidad, los 130 millones. Pero a ese coste habría que sumar, según los cálculos de Bruselas, otros 3.100 millones de euros necesarios para mejorar la seguridad de las redes incluso antes de la aplicación de la directiva. De nuevo, la banca parece ser el sector más atrasado, con unas inversiones pendientes de 500 millones sobre un total de 1.100 millones para todo el sector privado. Para el sector público, las mejoras de seguridad previas a la directiva requerirían inversiones de otros 3.000 millones de euros.
La UE asegura que estas inversiones además de necesarias serán beneficiosas puesto que, el coste de los ataques cibernéticos puede ser descomunal. “El Foro Económico Mundial calcula que en los próximos años hay un 10% de posibilidades de perturbaciones en servicios esenciales, con un impacto económico de hasta 250.000 millones de dólares” recuerda Pilar del Castillo, eurodiputada popular y una de las ponentes del texto desde que comenzó su tramitación en 2013.
Cinco Días (09/12/2015)
http://cincodias.com/cincodias/2015/12/09/economia/1449655455_177469.html