La sociedad española tiene ante sí una de las peores situaciones económicas que se recuerda, la cual afecta a la mayor parte de los estamentos que la componen. La precariedad inversora y de empleo es un lastre que tiene que asumir desgraciadamente y que tiene pocos visos de mejorar, al menos a corto y medio plazo. Este panorama de desilusión, y de realidad, envuelve a sectores variopintos y, de paso, abofetea a las TIC como mecanismo de reactivación. Su implicación en los procesos de desarrollo de las organizaciones se paraliza. Es así que de cara a este próximo año ya se prevé que los presupuestos tecnológicos decaigan en un 3%, síntoma evidente de la desaceleración que se avecina.
Los planes de austeridad están sobre la mesa. El propio Partido Popular así lo ha marcado en su hoja de ruta después de las pasadas Elecciones Generales, con la intención, entre otras actuaciones, de “eliminar gastos superfluos y duplicidades”. Pero tampoco había que esperar a estos últimos comicios para darse cuenta de que el conjunto de la Administración ya había decidido recortar en lo posible sus inversiones y gastos TIC. Un hecho que corrobora este dato dicta que durante la primera mitad de 2011 las licitaciones en tecnología se habían reducido en la Administración en más de un 40%, con un mayor impacto en las Comunidades Autónomas y en las Entidades Locales. La tendencia es continuista, con el riesgo que ello supone para alcanzar algunos de los proyectos propuestos; como ejemplos están la eliminación del papel en la Administración o lograr -para algunos una auténtica utopía- la ansiada interoperabilidad.
