La Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha aprobado en Estrasburgo la nueva norma sobre protección de datos, una legislación que no se actualizaba desde 1995, a pesar de la enorme transformación digital de las ultimas dos décadas. Dicha norma se ratificará a principios del 2016 y entrará en vigor con un periodo transitorio de dos años.
La necesidad fundamental de esta nueva norma surge con la aparición de nuevos conceptos y agentes en el mundo digital, como el derecho al olvido en internet o las redes sociales, que hace veinte años no existían, demandas que a partir de ahora si serán reguladas.
El texto también refuerza sensiblemente los poderes de las autoridades nacionales de protección de datos, que podrán imponer sanciones de hasta el 4% de la facturación anual de las compañías que violen la normativa. “Para las empresas globales de internet una sanción podría suponer miles de millones de euros”, se congratula Jan Philipp Albrecht, eurodiputado alemán de los Verdes y ponente del texto acordado.
Los gigantes de internet sí que han logrado evitar otra temida amenaza, como era la de elevar en toda Europa a 16 años la edad de consentimiento familiar para suscribirse a una red social. El acuerdo solo requiere el permiso de los padres hasta los 13 años, y abre la opción de elevar la edad hasta los 16 solo para los Estados que lo deseen.
Desde España Adigital, patronal de las empresas de economía digital españolas, considera que el nuevo reglamento es un “avance positivo hacia una normativa común en Europa”. Pero advierte que “queda mucho por hacer”, tildando de “ambiguos” algunos de los puntos de la norma, como el hecho de no armonizar del todo la edad del permiso parental para acceso a la red o que no se concrete qué empresas deberán evaluar el impacto de sus políticas de protección de datos.
El nuevo reglamento permitirá a los consumidores ejercer un mayor control sobre sus datos personales, pudiendo solicitar a las empresas su borrado o su traslado a otra compañía. Para las compañías, según Bruselas, la armonización de las normas supondrá reducir el papeleo ante las administraciones nacionales, con un ahorro estimado de más de 2.000 millones de euros al año.
La reforma también incluye una nueva directiva para facilitar el uso de datos en las investigaciones judiciales y policiales, así como la cooperación en casos transfronterizos.
Cinco Días (17/12/2015)
http://cincodias.com/cincodias/2015/12/16/tecnologia/1450297407_964546.html
