Desde hace tiempo es habitual encontrar a diario algún tipo de noticia acerca de la economía colaborativa, ya sea sobre el equity crowdfunding, práctica que consiste en la financiación en masa de pequeños inversores a través de internet de proyectos o iniciativas de prácticamente cualquier índole, o las nuevas aplicaciones como Uber o Cabify en el transporte de personas, o Airbnb en alojamiento.
Una de las cosas que más está llamando la atención acerca de estas nuevas prácticas, a parte de lo novedoso de las mismas, es la enorme polémica que las envuelve. El hecho es que, el gobierno en su intento por regularizar y encuadrar dentro de un nuevo marco legal a cada una de ellas, no deja de encontrar oposiciones y obstáculos que salvar.
Era de esperar que el Gobierno sí tuviese que lidiar, y duramente de hecho, con las empresas ya existentes que defienden sus sectores y como es lógico quieren protegerse de la entrada de nuevos competidores, y con las nuevas compañías que pertenecen a esta economía colaborativa como las citadas al inicio del artículo.
Pero lo que realmente sorprende es la continua oposición que el Gobierno está encontrando con alguien de casa, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que, desde la aparente discreción, en realidad se ha convertido en el mayor opositor de sus políticas en torno a la economía colaborativa.
Y es que, mientras el Gobierno lucha por implantar unos marcos legales que no suelen convencer a las empresas del sector, la CNMC se ha convertido en la mejor defensora de las nuevas compañías. De hecho, lleva un par de años apostando por una mínima regulación y evidenciando (sin ningún ánimo de ocultarlo) un distanciamiento más que claro respecto a las actuaciones del Gobierno.
Todo comenzó en julio de 2014, cuando la CNMC daba su opinión acerca de las nuevas tendencias en economía colaborativa, en un comunicado en el que aseguraba que “la ausencia de regulación podría ser, en algunos casos, la solución óptima” y que “si se diera una respuesta regulatoria, se debe primar el interés general, no el de un grupo de operadores económicos”.
Este posicionamiento del organismo público hay que entenderlo en un momento del tiempo en el que el Gobierno trataba de legislar una de los pilares de esta nueva economía el equity crowdfunding, pero no sin problemas, fue precisamente ese verano cuando el ministerio de Luis de Guindos se encontraba en un tremendo fregado y en una sucesión de negociaciones con las plataformas de equity crowdfunding, que no entendían cómo, unos meses atrás, el Gobierno había propuesto una legislación tan sumamente restrictiva.
De hecho, el posicionamiento de la CNMC fue uno de los argumentos que esgrimieron las empresas de equity crowdfunding para negociar con el Gobierno y, finalmente, conseguir una ley que, sin colmar todos sus deseos, sí parecía estar más adaptada a la realidad del sector.
El caso del equity crowdfunding no ha sido el único en el que Gobierno y CNMC han tomado posiciones opuestas, en los anteriormente mencionados como los de Uber, Cabify o Airbnb y otros como el de Blablacar o el de myTaxi es habitual encontrar una posición de mínima regulación por parte de la CNMC viendo en esta grandes ventajas para la competencia, mientras el Gobierno trata de dar con la formula legislativa correcta.
El Confidencial (27/01/2016)
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-01-27/guerra-abierta-entre-el-gobierno-y-la-cnmc-que-hacemos-con-la-economia-colaborativa_1141337/
