La nueva Ley de Inteligencia Artificial en España adapta el Reglamento Europeo (AI Act) al contexto nacional, con el objetivo de garantizar un desarrollo ético, seguro y transparente de esta tecnología. Se trata de una norma que impone requisitos específicos según el nivel de riesgo que presente cada sistema de IA.
Las obligaciones legales para empresas con sistemas de alto riesgo incluyen:
Evaluaciones de impacto previas a su despliegue.
Calidad y gobernanza de los datos utilizados.
Transparencia, explicabilidad y supervisión humana.
Canales de reclamación para los usuarios afectados.
Cumplimiento del RGPD y la LOPDGDD cuando haya tratamiento de datos personales.
A pesar de su importancia, solo el 36% de las organizaciones públicas y el 21% del sector privado se sienten preparadas para cumplir con esta normativa, según Capgemini. Las pymes enfrentan especialmente dificultades organizativas, técnicas y jurídicas.
Recomendaciones para cumplir con la ley (según Grupo Atico34):
Auditar los sistemas de IA existentes y clasificarlos por nivel de riesgo.
Designar un Delegado de Protección de Datos (DPO) si no lo tienen.
Contar con asesoría legal especializada en IA y privacidad.
Establecer políticas internas de IA responsable.
Formar al personal en gobernanza algorítmica.
Implementar supervisión periódica y revisión de impactos.
El DPO y los abogados de protección de datos son figuras clave en la adaptación legal de los sistemas algorítmicos, ya que aseguran el respeto a los derechos fundamentales y ayudan a afrontar inspecciones, redactar políticas internas o resolver conflictos entre innovación y privacidad.
Cumplir con esta ley no solo evita sanciones, también posiciona a las empresas como referentes responsables en un mercado cada vez más regulado y competitivo.
IT USER (10/06/2025)
Más información aquí
