La Comisión Europea se dispone a dar el mayor paso hasta la fecha para promover la llamada economía colaborativa y fijar mínimos comunes en los 28 Estados miembros. El Ejecutivo comunitario presentará este jueves las primeras líneas comunes para regular un sector que han popularizado fenómenos como Uber o Airbnb. Ante la hostilidad y la disparidad de criterios que percibe Bruselas en los Gobiernos nacionales, la comisaria de Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, pedirá un “desarrollo equilibrado” de este segmento económico, según ha publicado el diario Financial Times y ha confirmado una portavoz comunitaria.
El documento incluye unas directrices no vinculantes para que los Estados miembros definan la economía colaborativa, caracterizada por desdibujar la barrera entre empresa y cliente al permitir a los consumidores que comercialicen recursos en principio de uso personal. Bruselas se pronunciará sobre los requisitos de acceso al mercado (por ejemplo, qué tipo de licencias se requieren), la entidad responsable en caso de conflictos, la protección al consumidor, el estatus laboral de quienes trabajan en estas actividades y qué carga fiscal deben soportar, abundan fuentes comunitarias.
Se trata del primer intento de unificar reglas sobre economía colaborativa, de momento a modo de recomendación. Hasta ahora cada país —incluso cada administración regional o local— ha legislado por su cuenta y ni siquiera Estados Unidos, cuna del fenómeno, cuenta con una base común. Desde el principio la Comisión Europea ha considerado este segmento como una fuente de potencial crecimiento y creación de empleo en una Europa económicamente estancada. Los Estados, más receptivos a colectivos como el del taxi o las empresas hosteleras que ven competencia desleal en estos negocios, han ido endureciendo sus posiciones, con algunas excepciones como Reino Unido, el Estado más favorable a estas prácticas.
Bruselas pedirá a los Gobiernos que revisen sus leyes para dar cabida a un sector inexistente cuando las normas fueron creadas. Aunque las líneas de actuación comunitarias no serán obligatorias, el Ejecutivo comunitario supervisará cómo se aplican para identificar “posibles obstáculos”.
Con la presentación de este informe el jueves, Bruselas sienta las bases de una doctrina que hasta ahora solo se había manifestado en opiniones sobre lo que los Estados hacían. A partir de ahí, dictaminará sobre las quejas oficiales que tiene pendientes: Uber presentó reclamaciones contra España, Francia y Alemania por las restricciones impuestas a su servicio. Sobre alojamientos turísticos, hay una contra las leyes catalanas y otra contra las alemanas. Es de esperar que Bruselas dé amparo a estas quejas.
El País (31/05/2016)
http://economia.elpais.com/economia/2016/05/31/actualidad/1464700167_823783.html
