El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que sustituirá a la anterior Ley de la Ciencia de 1986. La nueva normativa se adaptará a la situación científica actual, que tiene seis veces más investigadores que en 1986 y unos fondos públicos que multiplican por catorce los de entonces.
El texto aprobado incluye sugerencias de los colectivos implicados, agentes sociales y la comunidad científica y universitaria. En general, responde a cuatro retos. El primero de ellos es el diseño de una carrera científica basada en méritos, estable y previsible, que permita retener y atraer talento científico. La Ley incluye un contrato de acceso para investigadores postdoctorales que permitirá incorporarse al sistema público de I+D. Además, recoge la sustitución de becas por contratos para investigadores que comienzan el doctorado. Por otro lado, se intenta crear un sistema de I+D más eficiente y eficaz, con la creación de una Agencia de Financiación que pretende dotar de mayor autonomía a la actividad científica y que garantizará el máximo control sobre la gestión de los fondos públicos.
